viernes, 6 de agosto de 2010

Iconoclastia (2)

Resulta tragicómico contemplar la soberbia y la pedante jactancia de los contemporáneos, envanecidos en el mito del progreso indefinido, que considera que la historia es una larga sucesión lineal, por la cual la "Humanidad" progresa y progresa, o cuando va en un sentido diverso del que la ideología del progreso considera progresista (perdón por el trabalenguas), "retrocede".


Contemporáneos que en ejercicio de esa superioridad moral otorgada a ellos simplemente por haber llegado más tarde en la cronología de los sucesos, empuñan la enhiesta espada de la justicia draconiana sobre la Historia, y no hesitan siquiera un segundo en decapitar con ella a todo aquél que, aun en la natural ignorancia respecto de sistemas de valores que en el pasado pertenecían a un futuro inimaginable, sencillamente no obraron en respeto al catecismo políticamente correcto de 2010. En fin, gente pequeña, infeliz y ramplona, que pretende la vigencia universal y atemporal de ciertos valores superiores, como emanaciones teocráticas de fuerte cariz fundamentalista e inquisitorial. Tan miopes y limitadas los inquisidores de la Historia, que no son capaces de levantar unos grados la cerviz para contemplar el panorama general, y atisbar, sospechar apenas, que en unas décadas ellos también serán juzgados implacablemente, y lo más notable, probablemente con un mérito más atendible.

En fin, el pasado 19 de mayo escribíamos Iconoclastia, un post que ya hablaba de estas cosas, lamentando los cinceles que arrancan de la piedra los nombres ancianos. Por suerte en este caso, creemos, la breve calle Martínez Zubiría, en el barrio de Retiro, que comunica San Martín con Ramos Mejía, bordeando la plaza de la Torre de los Ingleses, con una longitud de menos de 100 metros, sobrevivirá al nuevo arrebato iconoclasta, puesto que el homenajeado (ya no juzgado por sus ideas) fue víctima de un golpe de Estado en 1955.

Una jueza que, como busca prensa pretendiendo cogobernar, es decir, avasallar desde el Poder Judicial las prerrogativas de los otros dos poderes del Estado, no vamos a nombrar, pero que sobreactúa permanentemente un liberalismo muy coherente con su apellido, y del más rancio cuño por otra parte (o sea, un sistema de valores profundamente prohibicionista en el presente, como fue decapitador en el pasado), ha decidido ordenar el cambio de nombre de algunas calles y espacios públicos porteños, sustentándose en el artículo 5º de la Ley 83 de la CABA se dispone que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (...) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".

La "justicia" ciega de necedad... En realidad, le tapamos los ojos para no darle el gusto de la figuración.

La jueza liberalizadora, por supuesto, debe ignorar los tiempos verbales, y por ello ha confundido el futuro simple "deberán" con el pretérito perfecto simple "debieron", ya que no entiende, como lo haría cualquier mortal con inteligencia suficiente como para manejar rudimentariamente la lengua castellana, que la norma en cuestión está prevista para el "de ahí en más" posterior a la promulgación de la misma, y que está dirigida a los mismos legisladores porteños, que son los únicos facultados constitucionalmente para nombrar, desnombrar y cambiar el nombre de las calles y los espacios públicos de la ciudad.

Con esta reflexión, creo que queda suficientemente comprendida la cuestión del avasallamiento anticonstitucional por parte de un miembro (en breve, seguramente deberemos decir "una miembra", pero por ahora, gracias al cielo, podemos escribir correctamente) del Poder Judicial hacia el órgano del Estado que ostenta en forma exclusiva y excluyente, la facultad legisferante.

Casualmente, está en la Plaza de Tribunales, bien cerca de la casa de Dorrego... habrá que demolerlo.

Tampoco entiende esa personeja la parte sustantiva de la previsión prohibitiva: "autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático". Veamos hasta qué excesos llega esta payasada:

1) El Capitán Claudio Rosales fue el primer muerto de la (precaria) aviación rebelde en el alzamiento del 6 de septiembre de 1930, alcanzado por unos tiros en zonas suburbanas.

2) El Cadete Carlos Larguía y el Soldado Miguel Santi fueron otros dos muertos del bando rebelde en la misma jornada, ambos como se aprecia, ostentando la menor gradación posible, y sometidos por tanto a una estricta subordinación.

3) El Mecánico Militar Leopoldo Atenzo es otro de los muertos durante el alzamiento. Sí, leyó bien: mecánico militar.

Me gustaría que en este caso alguien me diga cuál de los mencionados puede ser considerado "autoridad nacional, provincial o municipal". O sea, en otras palabras, cuál es el significado aplicado por tan liberal figura a la palabra "autoridad". El DRAE nos dice, sin mayor esfuerzo que para este caso "autoridad" significa "Persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad" (4ª acepción) . Y respecto entonces de ese sustantivo, con mayor claridad, expresa: "Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho" (1ª acepción).

¿Qué autoridad pueden tener en esos términos, digo yo, un capitán volando en solitario en su aeroplano, un cadete, un soldado o un mecánico?

Pero sigamos con las desmesuras. El citado artículo en que la jueza-legisladora se ampara para mandar fruta también nos dice que: "que hayan ejercido su función por actos de fuerza". Es decir, que la "autoridad" de que son investidos proviene, es consecuencia, luego siempre con posteriorioridad, del acto de fuerza que le da origen. Es decir, quien ejerce los actos de fuerza, pero luego no accede a ninguna autoridad, tampoco queda comprendido en la previsión legal.

El Teniente General Pedro E. Aramburu es ascendido a ese rango en 1958, con lo que en esa situación, entra en las generales de la ley, ya que en 1955 era Comandante en Jefe del Ejército nombrado por el gobierno constitucional, pero no era Teniente General. El mismo caso concurre respecto de Lonardi.

El caso de Ernesto Padilla, Ministro de Educación del gobierno de facto de José Félix Uriburu (1930-1932), en cambio, resulta más arduo, puesto que la personalidad del caso (infinitamente superior a la mayor parte de la clase política argentina contemporánea, y por supuesto, a la jueza de pantomima), fue gobernador de la Provincia de Tucumán, electo bajo el régimen de la Ley Sáenz Peña (voto secreto, universal y obligatorio) en 1913; y quizás el gobernador del Tucumán más notable de toda su historia. Dice Wikipedia de este recuerdo suprimido:

"...las promesas enunciadas en su campaña fueron cumplidas con creces durante su gobierno. Supo rodearse de lo más encumbrado de la intelectualidad tucumana. En su gobierno se realizaron importantes obras en materia de vialidad e irrigación, cumpliendo con su deseo de hacer de Tucumán la "civilización del agua". Se realizaron obras de edificación escolar, se fundó la Caja Popular de Ahorros, se concretó el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Tucumán, se emprendió la organización y publicación de archivos, la realización de congresos científicos y culturales, la construcción de parques, jardines y monumentos. Tocóle en suerte presidir los festejos del Centenario de la Independencia Argentina, y hacerlo con gran dignidad a pesar del escaso apoyo del gobierno nacional. Cuenta Guillermo Furlong que más allá de los errores inherentes a todo gobierno, el período en que Padilla fue gobernador de Tucumán fue de 'una felicidad rara veces vista'".

Ernesto Padilla

Como legislador nacional, en tanto, impulsó el Ferrocarril a Chile, fue el principal artífice del Monumento a la Independencia Argentina en la Quebrada de Humahuaca, publicó varios eruditos libros y, ya que estamos con esto de revolver la Historia, "Puso su capital para resguardar el patrimonio histórico de su provincia: evitó la destrucción de la casa del Obispo Colombres, colaboró con la recuperación de los menhires de Tafí del Valle e incentivó cuanto congreso cultural se realizaba".

Una obra nada despreciable, ciertamente, y seguramente defícil de emular por nuestra mediocre y corrupta dirigencia contemporánea. Máxime si se la combina con la faz social de sus desvelos, resumida en estos términos: "Acaso no la más trascendente, pero para el Padre Furlong, la obra más meritoria de Padilla es aquella que realizó alejado de su provincia y de los cargos públicos, en una postura humilde, como un 'tucumano comedido' o como un simple 'capachero', tal como llamaban en Tucumán a los jóvenes aprendices de albañiles que llevan la mezcla de cal y arena hacia la obra. Consistía esta tarea en hacer uso de todas sus influencias y esfuerzos para ayudar a los pobres y humildes en cualesquiera de las necesidades que presentaran, sin tener descanso ni jubilación, como le dijera acertadamente Alberto Rougès".

Pero, para tan liberalizador criterio, hay otros nombres en la gatera, que deben ser también suprimidos sin más vuelta, por ejemplo:

* Plaza Lavalle y calle Lavalle. Juan Galo de Lavalle fue autor de un feroz golpe de Estado contra el legítimo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al que encima mandó a fusilar "sobre el tambor", de una manera artera y alevosa.

* Justo José de Urquiza, se levantó contra el gobierno legítimo de la Provincia de Buenos Aires, elegido democráticamente por la abrumadora mayoría de sus vecinos, y ratificado también democráticamente año a año en su investidura.

* Juan Domingo Perón, que de joven participó del alzamiento del 6 de septiembre de 1930, y más tarde fue funcionario jerárquico del gobierno de facto arribado en 1943: Secretario de Trabajo, Ministro de Guerra y Vicepresidente, ostentando en algún momento los tres cargos al mismo tiempo.

* General Arturo Rawson, que le da nombre a la capital de la Provincia de Chubut, héroe de las campañas del Chaco de la década del '20, y primer presidente del golpe de Estado de 1943.

* El Teniente Coronel Tomás A. Ducó, cuyo reconocimiento y memoria persisten a través del nombre del hermoso estadio del C.A. Huracán en Parque Patricios, que fue uno de los líderes del levantamiento del 4 de junio de 1943.

* El Ministro Juan Pistarini, que le da su nombre al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (de cuya construcción fue planificador), y que fue Vicepresidente de facto de Edelmiro Farrell.

Ministro Pistarini

* Domingo Mercante, que durante el mismo gobierno de facto fue Interventor de la Unión Ferroviaria (1944).

En fin, para qué seguir, ya la idea creo que quedó plasmada (y por las dudas, para qué dar ideas a los tontos). Tan sólo restaría mencionar, en función del amplísimo y absolutamente personal criterio de "autoridad" que tiene la jueza con ánimos de figuración y cerebro azafranado, por ejemplo, a los Marinos del Crucero General Belgrano y a cualquier héroe de Malvinas que, suponemos, jamás tendrá su debido reconocimiento público en esta ciudad ingrata... después de todo, fueron soldados, cabos, sargentos, suboficiales, tenientes o capitanes, y todos ellos dieron la sangre, el sacrificio y el valor de sus mejores años, durante un gobierno de facto.