CO

(CO-gobierno, CO-bardes, CO-optados)

Antes de que pase un mes desde el último post, me permito, solamente para entretener un rato, esta somera crónica de nuestro sainete de cada miércoles. Me refiero, claro, a la acción responsable y proba de nuestros "representantes".

Ayer día, en otra bochornosa jornada de nuestro republicanismo “à la carte”, encontramos opiniones desfachatadas, desmesuradas, proferidas con esa tonalidad tan caricatural que parece ser el sello distintivo de esa especie de raza endogámica de pusilánimes que son los legisladores.

El hermano menos aventajados de la familia diputísima de los Rossi profirió una sarta de disparates en la defensa de prácticas groseras y burdas de borocotización (o colombización o alarconización, etc… un sustantivo con muchos sinónimos), que sustancialmente se centraban en:

a) Se asustan de esto, porque las diputadas son nuevitas en el Parlamento, pero esto pasó otras veces.

b) Cómo se puede dudar de la moralidad de las conductas de un bloque donde algunos de sus miembros suman años de cárcel.

c) Por defender nuestra “ideología” haremos todo lo que haya que hacer: seremos agresivos.

En fin, no nos vamos a detener en este muchacho, que sin cárcel, sin ideología conocida (a no ser, claro, que el oportunismo lo sea y no me haya yo enterado), sin agresividad más que en la lengua protegida por los fueros, y sin preparación, sale a la palestra política a proferir gritos de indignación impostada, hacer giros con el dedito y a decir “culo” o “mierda” con deliberado desliz (un oxímoron como todos los que se profieren en este “espacio” político que ha hecho de la mentira y el caradurismo un culto fanático). No tenemos tiempo que regalarle.

Más sugestiva fue la intervención del diputado radical Juan Pedro Tunessi, uno de los que según los relatos anteriores, había hocicado ante la prepotencia de los billetes, y quizás venía exhausto de pesarlos –ya no da siquiera para contarlos, como dice Todos Gronchos, por la desmesura mensual con que el oficialismo adorna al crédito de Chascomús, el que sacó patente por ser hijo… No por nada fue Margarita, la de los ojos pequeños, la que propuso mandar todo a archivo y olvidarnos rápido de lo sucedido, superando con creces las expectativas del propio oficialismo.

El benemérito dijo, y lo hizo con tanta convicción, con tanta autosuficiencia, que se le ocurrió repetirlo un par de veces, que “No estamos en bandos irreconciliables porque no estamos en guerra, estamos en democracia, no cogobierna el parlamento…”.

Lo cual sería gracioso si lo hubiera escuchado del verdulero de la esquina, que tal vez conjuga la palabra “cogobernar” de tantas veces que escuchó su carácter negativo respecto de los jueces. Porque en efecto, los jueces no cogobiernan… o al menos, no deberían.

Porque los dos Poderes políticos (en realidad, Órganos políticos) del Estado son el Legislativo y el Ejecutivo. De ellos y de su eficiencia depende el gobierno de esta República. El Legislativo hace las leyes de gobierno (que en el purismo de un Estado de Derecho son el único instrumento normativo), y el Ejecutivo se preocupa de hacerlas ejecutar, o sea, de hacerlas cumplir y materializar mediante la actividad administrativa la voluntad legislativa.

Las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria están en el inciso 8 del Artículo 75 de la Constitución Nacional: “Corresponde al Congreso: Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.

Y por si no quedó claro, el Artículo 76 de nuestra Carta Magna dice que “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

De hecho, para ser más claritos, la Segunda Parte de la Constitución Nacional, llamada Autoridades de la Nación, tiene por Título Primero el denominado Gobierno Federal, cuya Sección Primera trata y se titula Del Poder Legislativo. O sea que el Poder Legislativo es parte del gobierno federal. El Poder Legislativo gobierna, y lo hace conjuntamente con el Poder Ejecutivo, al que fija por ley el marco de su actuación.

Es por lo demás, la consecuencia natural del Artículo 1º de la Constitución: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”.

En realidad, se trata de una verdad de Pero Grullo, que se enseña en la materia de Instrucción Cívica, Educación Cívica, Educación Democrática, o el nombre que adopte en las diferentes etapas y tipos de educación secundaria. Todos lo sabemos, y temo aburrir con la obviedad.

Aunque en realidad, huelga decirlo, el Poder Legislativo no “cogobierna” como los egresados o los profesores en una universidad, sino que participa del gobierno, ejerciendo la función legislativa (y el Presupuesto es ley de leyes), conjunta y complementariamente con el Poder Ejecutivo, que participa de ese mismo gobierno ejerciendo la función administrativa.

Según su página autopropagandística (www.tunessi.com.ar), Tunessi es abogado, recibido de la Universidad Nacional de La Plata (¿como la Presidenta?). Como nació en 1957, seguramente se recibió durante la dictadura militar (¿como la Presidenta?). Probablemente por esa época, conculcada la división de poderes y disuelto el Parlamento, no aprendió esos principios básicos de la República (¿como la Presidenta?).

Eso es atendible. Muchos abogados desconocen incluso que el Código Civil es una ley como cualquier otra, y que no tiene preeminencia sobre ninguna que le sea posterior o especial. Incluso desconocen el mismo Código Civil, cuyo Artículo 1º precisamente prescribe que “Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes”.

Lo que en criollo se traduce por “las leyes se presumen conocidas por todos”. Lo cual es un problema. Sobre todo, para quien las desconoce. Y más si es abogado. Como Tunessi. Y aun más si es diputado. Como Tunessi. Y hablan sobre aquello que todo diputado debe conocer y honrar con su cargo: las obligaciones exclusivas y excluyentes de uno de los Poderes del Gobierno argentino, aquél al que él hoy día pertenece.

Lamentablemente, en 1860, cuando se sancionó nuestra Constitución Nacional con validez para todas las provincias, incluso la de Buenos Aires a la que pertenece el diputado que “no cogobierna”, las exigencias de selección eran muy bajas, sea porque el analfabetismo fuera alto, sea porque los habitantes eran pocos, sea porque existía un elitismo solapado (o no tanto) en la digitación de las candidaturas. Lo cierto es que el Artículo 48 de la Constitución pone como único requisito el siguiente: “Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella”.

Demasiado poco para las necesidades de hogaño. Demasiado poco para las expectativas de la gente a la que deben representar. No se tienen en cuenta la debilidad mental, la demencia, el analfabetismo (cuando las leyes son escritas), ni tampoco la idoneidad en el conocimiento del Derecho con base en el cual no sólo sustentará la representación sino al que modificará y presuntamente “perfeccionará”.

Por ello, entre otras razones, la representación está en crisis. Y quizás por ello se ha visto operarse, en la clase política desde la vuelta de la democracia hasta el presente, un continuo deterioro en la calidad y capacidades de sus integrantes.

El teórico “de izquierda” Peter Mandelson, ideólogo del New Labour británico de Tony Blair, en un diálogo sobre “el futuro de la democracia” publicado por el diario londinense The Guardian en abril de 1998, hacía la siguiente reflexión, ciertamente iconoclasta: “Podemos pensar que el reino de la democracia representativa ya está terminando (…). La democracia y la legitimidad exigen ser renovadas permanentemente. Necesitan estar adaptadas a cada generación. La representatividad es complementaria de formas de compromisos más directas –desde Internet hasta los referéndums. Pues, es necesario cambiar de estilo de política, para responder a estos cambios. La gente no es indiferente ante un método de gobierno que la infantiliza”.

A lo que su interlocutor, Wolfgang Schäuble, demócrata cristiano alemán sucesor de Helmut Kohl, no podía menos que corresponder: “Pienso que debemos, como políticos, tomar decisiones. La posición del Señor Mandelson significa: la democracia representativa ha muerto. Claramente quiere decir que se tienen que poner las cosas al alcance de la gente. Es decir, que los políticos son demasiados cobardes para tomar decisiones”.